La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer ha estado presidida por la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha estado acompañada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
Montero ha comenzado la comparecencia haciendo especial mención a la protección del bienestar y desarrollo de uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, los niños, a través de un anteproyecto de Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, remitido a las Cortes Generales, que comprende medidas de prevención, educación, apoyo familiar, servicios sociales, sanidad, publicidad, RRSS, justicia, etc.
La ministra portavoz ha señalado que, en la actualidad, el 52% de la población española se encuentra en Fase 3 (alrededor de 25 millones) y el 48% en Fase 2. Para encarar la recta final de la desescalada, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un Real Decreto-ley para la “nueva normalidad”, por el que se establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para combatir la emergencia sanitaria del Covid-19, una vez expire la vigencia del Estado de Alarma el próximo domingo 21 de junio.
Entre otras materias, este RDL (que estará vigente hasta que «el Gobierno declare de forma motivada que la crisis sanitaria ha concluido», esto es, cuando haya vacuna o tratamiento efectivo, previa consulta con las CC AA y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias-CCAES), tiene como objetivo garantizar la fabricación y el suministro adecuado de los medicamentos esenciales para el coronavirus y de los productos sanitarios como mascarillas o batas quirúrgicas según las necesidades y la demanda. Además, la nueva norma persigue garantizar la detección precoz por parte del sistema sanitario, clave para evitar una posible segunda ola de la pandemia. Las Comunidades Autónomas deberán disponer de personal sanitario suficiente, así como de planes de contingencia ante el Covid-19. Entre las medidas más destacadas, figuran la reducción de la distancia interpersonal a 1,5 metros y la continuación del uso obligatorio de mascarillas en centros de trabajo, educativos, establecimientos, hospitales y hoteles.
Respecto a las medidas económicas y sociales aprobadas para hacer frente a la pandemia, Montero ha confirmado que esas normas (moratoria hipotecaria, garantía de suministro, aplazamiento de impuestos a autónomos, etc.) ligadas a la vigencia del Estado de Alarma, desaparecerán cuando acabe este periodo extraordinario el próximo 21 de junio. La ministra portavoz ha insistido en que el Gobierno está negociando con los agentes sociales las condiciones para prorrogar los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre, una vez que ya se desvincularon del Estado de Alarma.
En cuanto a la movilidad a partir del domingo 21 de junio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que existirá sin restricciones en todo el país, por lo que ha llamado de nuevo a la “responsabilidad individual más que nunca”. Con respecto a la apertura de la frontera con Portugal en Extremadura, Illa ha afirmado que el Ministerio del Interior y Exteriores están trabajando para abordar este tema, sin establecer una fecha concreta.
En el ámbito del transporte, Illa ha destacado obligatoriedad de los operadores aéreos de mantener registros de los pasajeros con el asiento preasignado como mínimo cuatro semanas (trazabilidad) por si hubiera algún caso positivo en Covid-19.
En relación con el aforo permitido en espacios cerrados, Illa ha indicado que serán las CCAA las que así lo determinen o no, al igual que la aplicación de restricciones y las medidas recaerá en las autoridades autonómicas, ya responsables de la fase 3.
En materia medioambiental, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de CO2 en el periodo 2021-2030. Se modifica la norma vigente para adaptarla a los objetivos de la Unión Europea marcados en el Acuerdo de París y fomentar las tecnologías bajas en carbono. Montero ha señalado que al menos las emisiones contaminantes tienen que bajar un 40% en 2030, y afectará a 970 plantas y a 30 operadores aéreos, cuyas emisiones representan el 30% de los totales nacionales, según la ministra portavoz.
Más información. Fuente: Gobierno de España.